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Inundaciones, Sequías y Cambio Climatico
España | 25-03-2020

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Agua: derecho a la vida   
“¡Despertemos! ¡Despertemos Humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de sólo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.” Berta Cáceres
Kaos en la red ( España )
Virginia Bolten
EDITORIAL

En julio de 2010 la ONU reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, asimismo reafirmó que el agua es la fuente esencial para la realización de todos los derechos humanos. La declaración da cuenta de una evidencia: sin agua no hay vida.

Del total de agua en el mundo, apenas un 2,75% es dulce y, por lo tanto, adecuada para el consumo humano. Un 31% de las fuentes de agua potable disponibles en el mundo está en Latinoamérica. Sin embargo, en esta región, 37 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 110 millones sufren con la falta de saneamiento. Se estima que el territorio latinoamericano será de los que sufrirá más fuertemente los eventos extremos en consecuencia del cambio climático —como el aumento en el nivel del mar—, lo que significará la salinización de los deltas y la intrusión marina en los acuíferos.

La contaminación y la escasez del agua son más sentidas por las personas con mayor exposición a sus consecuencias, sobre todo por las mujeres y niñas que tienen que caminar varios kilómetros para obtenerla, los pueblos indígenas que la necesitan para existir y campesinos y campesinas que necesitan del agua para su subsistencia y su producción. Más allá de esto, la falta de saneamiento genera la propagación de enfermedades infecciosas que afecta, sobre todo, a los niños y niñas.

En un contexto en el cual el agua pasa a ser un elemento fundamental para evitar la propagación del Covid-19, una vez más se pone sobre la mesa la dramática situación de poblaciones que no tienen acceso al agua en sus casas. Las autoridades sanitarias de todo el mundo recomiendan lavarse las manos con jabón como medida básica de control de la pandemia, sin embargo —según demuestra un informe del Programa de Monitoreo Conjunto (JMP) de la Organización Mundial de la Salud y Unicef— 3.000 millones de personas no disfrutan de esta posibilidad.

Las poblaciones vienen manifestándose respecto de las causas de estas problemáticas hace mucho tiempo. Esto se ejemplifica en todas las luchas llamadas “guerras del agua” que tiene como uno de sus símbolos más importantes la revuelta popular que se dió en Bolivia, entre enero y abril del año 2000, la cual puso en cuestión la privatización de este bien común frente a la presión del Banco Mundial.

Según el abogado y especialista en Derecho Internacional, Javier I. Echaide, la privatización de tales bienes —entendibles comunitarios—, como el agua, resulta inaceptable, no porque sea imposible, sino porque las consecuencias aplicadas a una escala individual resultan injustas, y las posibles consecuencias a una escala social resultan aberrantes. El abogado también señala que la generación de derechos de exclusión —consecuencia propia de la mercantilización de cualquier bien común— equivale en el caso del agua potable como elemento fundamental al sostenimiento de la vida a otorgar derechos de vida y de muerte para quienes los detenten: una responsabilidad demasiado grande como para dejarla libre a las reglas del mercado.

Un ejemplo concreto de lo que menciona el especialista es el caso de Chile que se enfrenta a un estado de estrés hídrico y hoy ocupa el lugar número 18 entre los países con riesgo extremadamente alto de carencia de agua. A pesar de la crítica situación, el agua en este país está bajo el control de empresas privadas desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet.

En los años 90, gran parte de los Estados latinoamericanos desarrollaron una reforma del marco legal para facilitar y promover las inversiones de empresas que operan a nivel mundial. En este marco, hubo un alza en la implementación de proyectos mineros en toda la región. La actividad minera está asociada a la liberación de componentes químicos, como el cianuro y el mercurio. Los sedimentos dejados por la minería se incorporan al ciclo hidrológico, contaminando aguas superficiales y subterráneas. Este modelo extractivo —exportador es causa de diversos conflictos por su carácter contaminante y colonizador—ya que la cultura minera atraviesa los territorios con su lógica neodesarrollista, cambiando paisajes y destruyendo la economía y las costumbres locales—.

Frente a las evidencias que evidencia la responsabilidad de los gobiernos, la respuesta se limita a enfocar en “prestaciones de servicios más eficientes, resilientes y amigables con el medio ambiente” y en “lograr una mayor eficiencia en el uso del agua”. Nada dicen respecto al modelo productivo dominante que contamina con agrotóxicos, ni de las empresas que utilizan el agua para proyectos con fines de acumulación de capital como la minería. La búsqueda por el crecimiento y el desarrollo infinito utilizando recursos finitos no renovables choca con los límites innegables.

Sin embargo, desde la Sociedad Civil hay iniciativas que buscan denunciar y visibilizar la problemática. En diciembre de 2019 se llevó a cabo, en Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la quinta sesión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. La iniciativa tuvo por objetivo interpelar las autoridades y el conjunto de la sociedad para la importancia de cuidar y preservar los bienes comunes. En esta ocasión, los casos tratados fueron: la minería de litio en el desierto de Atacama; las amenazas a la Patagonia: reserva de agua y vida; la privatización del agua: el agua como objeto en Chile; las quemas en la Amazonía y el caso de Vaca Muerta en Argentina. Frente a la necesidad de defender la vida, lo que preguntamos desde Virginia Bolten es: ¿hasta cuándo el derecho a la ganancia estará por encima de todo derecho?